La reforma de la ciudadanía italiana: un golpe a los derechos adquiridos
Recientemente, se ha implementado en Italia lo que muchos ya llaman el “decreto de la vergüenza”, una reforma que cambia profundamente cómo se reconoce la ciudadanía a los descendientes de italianos nacidos en el extranjero. Tras leer y analizar información sobre este tema, así como escuchar opiniones de expertos y abogados, quiero compartir con ustedes un análisis sobre lo que se discute, porque creo que es fundamental entender cómo las leyes afectan nuestros derechos y los de nuestros hijos
Ciudadanía por clases: una nueva discriminación
La reforma introduce un sistema de clasificación de ciudadanos en A, B, C, D y E, donde los derechos dependen de la categoría asignada a cada persona. Esto no es solo un cambio administrativo: significa que algunos descendientes pueden perder derechos que adquirieron al nacer, sin posibilidad de revertir la situación.
Para el ciudadano común, esto es confuso e injusto. Los consulados y municipios ahora deben actuar como “tribunales de italianidad”, revisando documentos y genealogías para determinar a qué clase pertenece cada solicitante. Esto provoca lentitud en los trámites y riesgos de errores administrativos que afectan directamente a las familias.
La cuestión de los menores
Un punto crítico es la llamada “minor issue”: hijos menores de ciudadanos italianos que nacieron antes de ciertas reformas legales podrían perder la ciudadanía si sus padres se naturalizan en otro país. Algunos tribunales interpretaron que la ciudadanía del menor se ajusta a la del padre, lo que en la práctica significa quitar a un niño un derecho que ya tenía al nacer. Para muchos expertos, esta interpretación es absurda e inconstitucional.
Obstáculos legales y administrativos
La reforma también ha complicado la vía judicial. La Corte Constitucional y la Corte de Casación tienen roles diferentes: mientras la primera puede declarar inconstitucionales ciertos artículos, la segunda define cómo se aplican las leyes en la práctica. Incluso si se declara la inconstitucionalidad de una norma, el gobierno puede intentar introducir nuevos decretos con efectos similares, lo que prolonga la incertidumbre para los ciudadanos.
Además, la reforma ha invertido la carga de la prueba: ahora, el solicitante debe demostrar hechos negativos, como que sus ancestros no se naturalizaron en otro país, algo prácticamente imposible. Esto convierte el proceso en lo que muchos llaman una “prueba diabólica”, que pone en desventaja a quienes buscan ejercer sus derechos.
El papel de la política
La reforma también ha complicado la vía judicial. La Corte Constitucional y la Corte de Casación Lo que vemos no es solo un cambio legal: es un acto político con consecuencias directas sobre descendientes de italianos en Brasil, Argentina, Colombia y otros países. Existe una clara desconexión entre los representantes políticos y los expertos jurídicos, dejando a las familias afectadas sin protección efectiva y enfrentando obstáculos administrativos que dificultan el reconocimiento de su ciudadanía.
Reflexión personal
Como descendiente de italianos y apasionada por mantener vivo nuestro vínculo cultural, creo que esta reforma es un golpe a nuestros derechos y una forma de discriminación institucionalizada. La ciudadanía italiana no es solo un documento: es un derecho adquirido, un vínculo cultural y una identidad que no puede ser arbitrariamente restringida. Aprender italiano, conocer nuestra historia y defender nuestros derechos son obligaciones que debemos asumir para proteger nuestra herencia.
La lucha por la ciudadanía no termina con esta reforma. Debemos mantenernos informados, actuar en el ámbito judicial cuando sea necesario y exigir que nuestras voces sean escuchadas. La historia de nuestros antepasados no puede ser ignorada ni borrada por decretos de urgencia.
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